Los Episcopados de Nicaragua, Costa Rica y Panamá expresaron públicamente su solidaridad y respaldo este domingo al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico del Gobierno de Daniel Ortega, quien se encuentra “recluido” en una parroquia de Managua, y en ayuno indefinido, hasta que la Policía Nacional se comprometa a suspender la “persecución” en su contra.
“Expresamos nuestra solidaridad y cercanía a nuestro hermano monseñor Rolando Álvarez, quien siente zozobra por su seguridad personal y la posibilidad de ejercer su derecho a vivir y celebrar su fe, y cumplir pastoral en un ambiente de paz”, indicó la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en un comunicado firmado por los restantes siete obispos activos, incluyendo al cardenal Leopoldo Brenes.
Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, denunció el pasado día 20 que fue víctima de “persecución” constante por parte de la Policía nicaragüense durante una visita a Managua, y anunció un “ayuno indefinido de agua y suero”, hasta que las autoridades garanticen al Episcopado el fin del asedio.
Tras la denuncia, la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en las afueras de Managua, fue rodeada por agentes de la Policía Nacional, quienes además bloquearon la calle del templo, donde quedó “recluido”.
“Tengan la seguridad de nuestra solidaridad y oración, especialmente en los momentos de prueba”, escribió el Episcopado de Costa Rica, en un mensaje dirigido a su par de Nicaragua.
Una situación similar a la de Álvarez vive desde mediados de esta semana el sacerdote Harvy Padilla, de la parroquia San Juan Bautista de la ciudad de Masaya (Pacífico), que en 2018 se proclamó “territorio libre del dictador”, en referencia a Ortega.
“Nos unimos en la oración para que cese la persecución a monseñor Rolando y a padre Harvy Padilla (….), quien también se le ha limitado vivir y celebrar la fe en un ambiente de libertad y paz”, comunicó el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña.
El pasado viernes, Álvarez denunció que el Gobierno de Ortega, al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabiliza por la muerte de al menos 355 personas en las manifestaciones antigubernamentales de 2018, así como de mantener encerrados a más de 180 “presos políticos”, quiere “una iglesia muda”.
Las fricciones entre la Iglesia Católica y Ortega son históricas. El líder sandinista ha calificado de “golpista” al Episcopado nicaragüense, desde que sus religiosos dieron refugio en sus templos a quienes huían de los ataques armados del Gobierno contra las manifestaciones en 2018.
“Estamos viviendo momentos difíciles como nación, y nuestro deber como Iglesia es anunciar la verdad del evangelio; en comunión con el sucesor de San Pedro y cada obispo de nuestra provincia, eclesiástica de Nicaragua, junto a cada presbítero y todo el pueblo de Dios”, reiteró la CEN.
